"Entre la ya abundante literatura destinada a narrar a examinar el proceso electoral de 2006, la que han escrito Julio Scherer Ibarra y Jenaro Villamil no es una obra más. La dotan de singularidad varios factores, entre los cuales no son menores la personalidad de los autores, sus expeiencias vitales en los terrenos que abordan. El enfoque dual nacido de las disciplinas que cada uno cultiva genera un resultado poliédrico, bien construido. No es una mera yuxtaposición de estudios emprendidos desde miradores diversos. Se trata de dos escritos ensamblados desde la complementariedad de sus visiones sobre la decisión de impedir que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de la República.
El objetivo, dice Villamil, fue alcanzado a través de una operación de 'captura del Estado' en que intereses corporativos y monopólicos tomaron el control de la contienda para generar pánico moral y odio, con tan buenos resultados que la escisión social lograda de ese modo se mantuvo, y mantiene, más allá del proceso electoral.
Por su parte, sostiene Scherer Ibarra, el órgano de la justicia electoral incurrió en la ilegalidad al producir no una sentencia, como es propio de una entidad jurisdiccional, sino sólo un dictamen, como si resolviera una disputa administrativa: 'al no haber dictado una sentencia el tribunal Federal Electoral dio por terminado el proceso de manera ilegal y, en consecuencia, la declaración de validez de las elecciones y de presidente electo no produce efectos jurídicos legales'. Se desprende de ese argumento que 'el licenciado Felipe Calderón Hinojosa incurrió en ejercicio indebido de servicio público, previsto en la fracción I del artículo 214 del Código penal federal, que sanciona hasta con un año de prisión y con destitución a aquel que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin satisfacer todos los requisitos legales." (Miguel Ángel Granados Chapa)
El objetivo, dice Villamil, fue alcanzado a través de una operación de 'captura del Estado' en que intereses corporativos y monopólicos tomaron el control de la contienda para generar pánico moral y odio, con tan buenos resultados que la escisión social lograda de ese modo se mantuvo, y mantiene, más allá del proceso electoral.
Por su parte, sostiene Scherer Ibarra, el órgano de la justicia electoral incurrió en la ilegalidad al producir no una sentencia, como es propio de una entidad jurisdiccional, sino sólo un dictamen, como si resolviera una disputa administrativa: 'al no haber dictado una sentencia el tribunal Federal Electoral dio por terminado el proceso de manera ilegal y, en consecuencia, la declaración de validez de las elecciones y de presidente electo no produce efectos jurídicos legales'. Se desprende de ese argumento que 'el licenciado Felipe Calderón Hinojosa incurrió en ejercicio indebido de servicio público, previsto en la fracción I del artículo 214 del Código penal federal, que sanciona hasta con un año de prisión y con destitución a aquel que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin satisfacer todos los requisitos legales." (Miguel Ángel Granados Chapa)
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